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La Generalitat dispone de tiempo hasta finales de mes para aplicar una resolución que anula varios preceptos de las bases de las convocatorias de 2014 y 2015

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido anular varios de los preceptos de las bases de la convocatoria de ayudas para personas con discapacidad de los años 2014 y 2015 de la Generalitat. Tras esta resolución está la denuncia de la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (Fetec), una patronal sectorial que reivindicaba que el Govern trasladara tal cuál venía marcado del Estado el apoyo económico a este colectivo.

La demanda judicial se interpuso contra los requisitos para percibir el salario mínimo Interprofesional (SMI) de 2014 y las subvenciones a las Unidades de Soporte a la Actividad Profesional (USAP) de 2015, cuando Neus Munté ocupaba la consejería de Bienestar Social y Familia. De forma concreta, contra las cláusulas que marcaban que se distribuiría las ayudas y las aportaciones máximas en base a la plantilla del 1 de enero de 2011. Los discapacitados que hubieran entrado en un centro de trabajo después de esta fecha
se quedaban al margen del programa.

Ejecución hasta finales de julio
El TSJC considera que “estos preceptos son ilógicos y no están justificados”, tal y como indica el letrado de la organización, Marc Vilar de Col·lectiu Ronda, en un documento de resumen de la sentencia. Mantiene el resto de los requisitos del programa enmendado, pero obliga al actual consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir el Homrani, a redefinir la distribución de ayudas en base a los contenidos anulados.
Dispone de tiempo hasta finales de julio. La sala no entra ni en determinar la “suficiencia del presupuesto destinado a la subvención” ni define “cuál debería ser el contenido de las bases anuladas”. Estas son decisiones políticas que deberá tomar el Gobierno de Quim Torra.

Continuar el litigio
Fuentes de Fetec aseguran que las organizaciones que representan estarán muy atentas a los pasos que se den en este sentido. Cabe tener en cuenta que las empresas que trabajan con colectivos de discapacitados aún sufren las consecuencias de la crisis.
En ese momento se les cerró el grifo de las aportaciones públicas y se dejaron de abonar subvenciones ya comprometidas. Hecho que llevó a una situación económica muy delicada para algunas compañías que tratan con colectivos desfavorecidos y de difícil empleabilidad sin apoyos públicos, tanto por la vía de las ayudas como por la fiscalidad ventajosa.
De hecho, si la Generalitat no reestructura el reparto del SMI y de USAP de 2014 y 2015, los afectados a título individual están dispuestos a continuar con el litigio. En este caso, con la reclamación de los importes no recibidos.

Otras denuncias
La sentencia sobre las subvenciones del SMI y el USAP de este verano no son las únicas que tiene pendientes de resolver el TSJC que afectan al mismo colectivo. Fetec también litigó contra las ayudas que otorgó la sucesora de Munté en el cargo, Dolors Bassa. En un recurso que se presentó el pasado enero, aseguró que las cantidades que se habían movilizado en 2017 no cumplían con la directriz estatal de cubrir el 50% del SMI que perciben las personas con discapacidad empleadas.
También se aplicarán en el ejercicio en curso por la prórroga presupuestaria, cuestión que ha propiciado el rechazo de parte del sector. Se espera a que el Alto Tribunal catalán dicte sentencia sobre este programa.
Aunque los propios portavoces de la organización reconocen que no se dará de forma inminente.

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