- La Confederació pide al Gobierno la memoria económica de todas las prestaciones de la Cartera de servicios sociales y estudia acciones legales para denunciar casos de servicios públicos deficitarios
- Las entidades han asumido incrementos de costes no repercutidos en los precios que paga la Administración, con irregularidades y retrasos en los pagos de hasta 180 días
“Las entidades sociales están en una situación muy compleja, asumiendo una sobrecarga insostenible por la infrafinanciación crónica de los servicios y la congelación de tarifas desde hace 10 años“. Así lo ha afirmado el presidente de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, Joan Segarra, hoy en rueda de prensa. Esta situación no es resultado de la acción de un único Gobierno y la demanda de un plan de recuperación y mejora de la financiación se dirige también al conjunto del Parlamento y a todos los grupos políticos: “Necesitamos un pacto de país que garantice la calidad de la atención a las personas, la sostenibilidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”.
Los déficits que acumula el Tercer Sector Social son fruto de la crisis económica, los recortes y la contención presupuestaria de los últimos años, mientras en paralelo aumentaban las demandas y necesidades sociales que las entidades no han dejado de atender. En el caso de las prestaciones que conforman la Cartera de servicios sociales, La Confederació subraya que es la Administración quién las tiene que financiar al 100%, puesto que se trata de servicios de titularidad pública que tienen que garantizar la cobertura de derechos sociales. En los últimos 10 años, la financiación pública no ha incorporado los incrementos de costes que inevitablemente han tenido que asumir las entidades: entre otros, el IPC (15,9% acumulado 2008-2018), el IVA (cinco puntos) y los incrementos salariales (6,58% de media) vinculados a los convenios colectivos.
El impacto de la infrafinanciación es manifiesto en todos los ámbitos –infancia, acción social con colectivos en riesgo de exclusión, ocio educativo y sociocultural, atención domiciliaria, discapacidad física e intelectual, la salud mental, gente mayor, etc– y el malestar es generalizado entre las organizaciones y los profesionales. Joan Muntané, representando del ámbito de infancia y acción social, ha atribuido el conflicto en la negociación del convenio laboral a la incapacidad de las entidades de asumir nuevos incrementos salariales: “Estamos al límite. Lo que nos piden los sindicatos es lícito y lo compartimos, pero si la Administración no repercute las subidas en los precios que paga por los servicios, nuestra capacidad negociadora es nula“.
En nombre de las de entidades de discapacidad, salud mental y atención precoz, Amèlia Clara ha desgranado el caso del Servicio de Ocupación para la Inserción, destinado a personas con discapacidad intelectual cuando acaban la etapa escolar. “Las entidades tienen que aportar una media de 1.000 euros al año para cubrir el salario de cada profesional dedicado a este servicio. No nos podemos negar porqué atender las necesidades de la población vulnerable es nuestra razón de ser y son servicios públicos, pero la infrafinanciación comporta un empobrecimiento de las entidades, mucha presión asistencial y sobrecarga profesional”. En el caso de los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP), el precio por niño y hora está congelado desde 2009 (33,47€) y la demanda en los últimos diez años se ha incrementado en un 45% (de 28.527 a 41.448 personas atendidas).
La detección de servicios públicos deficitarios, en que el precio no cubre los costes, ha traído La Confederació a reclamar mediante instancia escrita al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias la memoria económica de todos los servicios de la Cartera de Servicios Sociales con el objetivo de analizar los precios y determinar si la dotación presupuestaria es suficiente teniendo en cuenta los requerimientos técnicos a que obliga la ley. Además, se ha empezado a articular una campaña de reclamación de intereses de demora por los retrasos en los pagos –que se hacen de manera normalizada a 60 días en lugar de los 30 que establece la ley, y en algunos casos llegan a 180 días– y se estudian acciones legales para denunciar los casos de servicios públicos deficitarios.
En relación al nuevo modelo de colaboración público-social que reclama el sector, La Confederación pide celeridad en la elaboración de la ley de concertación social que el Gobierno se ha comprometido a impulsar, que tiene que ir necesariamente acompañada de un plan de mejora de la financiación. “Confiamos que acabará con las dinámicas perversas de la contratación pública y que permitirá expulsar multinacionales, fondos de inversión, fondos buitre y otros que venden a hacer negocio con la gestión de servicios sociales y de atención a las personas”, ha concluido Joan Segarra.
Font: laconfederacio.org
